El 90% de los catedráticos de universidad se retirarán en la próxima década. Los campus públicos de una misma Comunidad Autónoma podrán ceder a otra universidad la tasa de reposición que no utilicen.
El 90% de los catedráticos universitarios se va a jubilar en la próxima década. En los institutos y colegios, más del 32% supera los 50 años, lo que implica que en ese mismo periodo se van a jubilar 160.000 docentes. El envejecimiento de las plantillas, sin que durante los años de la crisis económica haya habido un relevo generacional, es uno de los problemas que el sistema educativo arrastra desde hace años.
El artículo 19 del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado, que tiene que aprobarse en las Cortes, atiende a una constante reivindicación de los sindicatos: contempla una subida de la tasa de reposición al 110% de los funcionarios en algunos sectores prioritarios, como los miembros de las Fuerzas Armadas, los funcionarios de presiones, los letrados de Justicia o lo sanitarios. También incluye entre estos colectivos a los casi 800.000 profesores no universitarios que existen en España y las 123.000 personas que forman el personal docente e investigador de los campus.
El incremento se traducirá -si el Gobierno reúne el suficiente respaldo parlamentario- en que por cada 10 profesores que se jubilen se contratará a otros 11 nuevos docentes.
Manuel Castells, el ministro de Universidades, ha expuesto este viernes en un videobriefing que antes del Covid, uno de los asuntos en los que todos insistían cuando comenzó a recorrer los campus es que había que elevar la tasa de reposición. No bastaba con dejarla al 100% (por cada jubilación hay una nueva plaza), ya que se ha generado un déficit durante los años de la crisis se ha generado entre el personal.
Castells ha explicado que de esas nuevas plazas se reservará un 15% para los investigadores Ramón y Cajal y que las universidades públicas, dentro de una misma Comunidad Autónoma, podrán ceder a otra universidad excedente de su tasa de reposición. Lo mismo podrán hacer las propias administraciones autonómicas.
No obstante, no contempla reservar una plaza para mejorar la precariedad en la situación en la que se encuentran los profesores asociados, que suponen el 30% de las plantillas. No hay solución que satisfaga a los afectados ahora, ni en el futuro Estatuto del Personal Docente e Investigador.
Los presupuestos para 2021 duplican la cantidad recogida por Castells en el anterior ejercicio, pero en las becas (de 1.900 a 2.090 millones) tampoco han conseguido resolver la situación de los estudiantes cuyas familias han perdido el trabajo por la pandemia de Covid. El ministro ha tratado de explicar que las ayudas de 2020 se abonarán teniendo en cuenta la renta del 2019.
Los sindicatos de profesores han valorado positivamente la subida de la tasa de reposición, aunque han mantenido que continúa siendo «insuficiente». «Nuestro objetivo sigue siendo la eliminación de la tasa de reposición para que las universidades puedan disminuir la altísima tasa de temporalidad y renovar las plantillas», ha expresado Ramón Caballero Klink, responsable de Universidades de CSIF, que ha recordado que en el ejercicio anterior ha habido un incremento del 108% si cumplían el objetivo de estabilidad presupuestaria. Este año, sin embargo, la subida del 110% no tiene limitaciones.
«En principio la idea es buena, porque se reponen más efectivos de los que se van. Otro tema es el retraso que llevamos con las oposiciones suspendidas. Este año se tendrían que haber celebrado las de Secundaria y nos se han podido convocar por el Covid y el año que viene tocarían las de maestro, pero ya las han aplazado a 2022», apunt Nicolás Fernández Guisado, del sindicato Anpe.
«En los últimos 25 años, se ha producido una importante reducción del empleo público (en el caso de la docencia no universitaria, desde 2011 a 2020 hay un descenso de 51.485 personas en el número de funcionarios de carrera) y también se ha limitado mucho el sector, con una utilización abusiva de los nombramientos temporales», señala Maribel Loranca, al frente de la Federación de Enseñanza de UGT.
«No es suficiente con una tasa del 110%. La situación en el empleo público exige eliminar las limitaciones en la tasa de reposición. En educación, antes de las nuevas contrataciones estábamos por encima del 14% de temporalidad. Ahora superamos el 20%. Hay que recordar el compromiso de llegar al 8% suscrito con el Gobierno», apunta Francisco García, de la Federación de Enseñanza de CCOO.
Todos estos puntos están en el aire, y también la Selectividad. El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, ha explicado que se reunieron con representantes del Ministerio de Educación para diseñar la convocatoria de este curso, en la que «no habrá cambios esenciales respecto la del año anterior».
También este curso habrá más optatividad que en otras convocatorias para que el alumnado no se vea desfavorecido por no haber trabajado en clase el contenido de alguna de las materias si ha tenido que seguir las clases online en algún momento.
Lo que sí que se modificará cambiará será la fecha: las pruebas de acceso a la Universidad se harán a principios de junio en vez de entrado julio.
«El año pasado nadie perdió el curso y este año tampoco», ha prometido el ministro, garantizando que todos los estudiantes van a poder hacer las prácticas de forma presencial «y no pasarán a online mientras no haya una catástrofe».
Ha considerado que todas las universidades están teniendo capacidad tecnológica suficiente, aunque ha reconocido que «hay bolsas posibles de precariedad tecnológica» en el acceso de los estudiantes desde sus casas y también una preparación de los docentes para dar clases telemáticas que es «desigual».
Fuente: El Mundo
